El Seminario internacional “Del comercio al crimen organizado: Los desafíos de la región frente al contrabando” analizó el tema del contrabando con la participación de industriales y autoridades de Bolivia, Perú y Chile.

El seminario abrió con la visión de los industriales bolivianos acerca de este flagelo. El asesor de la CNI, Hugo Siles, presentó un estudio detallado que evidencia que el contrabando que se ha convertido en el principal problema para la industria nacional.

A diciembre de 2022, el contrabando llegó a USD3.331 millones cifra que supera a los USD 1.000 millones de 1999.

“El contrabando el 2022 representa el 7,96% del PIB esto significa que se lleva un mes de la producción total de Bolivia”, dijo Siles y agregó que, considerando las cifras oficiales de la Aduana Nacional de Bolivia, el comiso de mercadería internada ilegalmente equivale al 3,2% del total del contrabando.

Otra de las cifras que muestran el impacto del contrabando es el ritmo de crecimiento de esta actividad ilegal respecto de la evolución de la economía nacional. “La economía ha crecido en torno al 4%, el contrabando lo hace al 8% y su nivel de aceleración es cada vez más profundo, Su velocidad ha comenzado a aumentar”.

Con este panorama, el presidente de la Cámara Nacional de Industrias, Pablo Camacho, presentó las cuatro propuestas del sector para hacerle frente a esta actividad ilegal que ha crecido sin control.

La reactivación del Consejo de Lucha contra el Contrabando apunta a una participación integral entre Estado y sector privado con la intervención más decidida de entidades como el Servicio de Impuestos Internos en nuestras fronteras o la Autoridad de Transporte porque el contrabando llega en buses a las ciudades para su comercialización incluso a través las redes sociales.

La segunda propuesta está orientada a modificar la normativa legal que establece cuando una mercadería es considerada contrabando. La propuesta, dijo Camacho “es llegar, por lo menos a Bs 125.000 que equivalen a 50.000 UFV que es una cifra mucho más manejable que el medio millón de bolivianos (200.000 UFV) que está vigente ahora”.

“Hacemos un clamoroso llamado para los gobiernos departamentales y municipales sean partícipes de esta lucha. No podemos permitir que siga afectando a los fabriles nacionales. Que siga mermando las arcas estatales y siga destruyendo a las microempresas bolivianas”, dijo el presidente de la CNI estableciendo como tercera propuesta la intervención de los gobiernos subnacionales en las tareas de control dentro del país.

Finalmente, Camacho propuso el fortalecimiento del Viceministerio de Lucha contra el contrabando con mayor equipamiento y personal para realizar sus tareas. “La información debe ser compartida entre los entres estatales”, dijo el presidente de los industriales destacando la relevancia de un intercambio fluido de datos entre todos los actores involucrados en las tareas de control.

En su alocución, el viceministro de Lucha contra el contrabando, Pedro Vargas, destacó otro aspecto de esta actividad ilegal: la salida ilegal de los productos nacionales, muchos de ellos subvencionados, a naciones vecinas está agravando la crisis, afectando a los consumidores nacionales.

“El contrabando es una amenaza a la seguridad y al desarrollo del Estado porque genera crisis y afecta a las micro, pequeñas y grandes empresas provocando el cierre y el despido de personas, además de la salud de las personas por el ingreso ilegal de medicamentos”, dijo y agregó que es una amenaza delincuencial que afecta a varias naciones.

Según la autoridad, existen más de 1.100 km de frontera con Perú y Chile. “La mayor parte del contrabando que ingresa a Bolivia se realiza desde Iquique y Tacna” y lamentó que el aumento del contrabando es alentado porque en las zonas francas de estos países no se aplican las prohibiciones, por ejemplo, para la importación de vehículos y motocicletas además de neumáticos usados en la Zona Franca de Arica. Ante esto, se requiere un trabajo coordinado con el sector privado.

“A la fecha tenemos más de 12 convenios con instituciones públicos y privadas y la Cámara Nacional de Industrias es una de las principales instituciones con las que tenemos alianzas”, dijo el viceministro.

El economista José Gabriel Espinoza presentó un estudio realizado por Euromonitor acerca del comercio ilícito de cigarrillos en Bolivia. “El contrabando no respeta fronteras”, dijo y “eso implica un deterioro constante de la institucionalidad de los países y que requiere acciones regionales y coordinadas”.

Tomando como ejemplo el caso de los cigarrillos, Espinoza aseguró que, si bien Bolivia no es un gran consumidor de estos productos de contrabando, “se ha convertido en un mercado desde donde se envía contrabando a los países vecinos”. A través de Bolivia, dijo, llegan cigarrillos de contrabando a Perú y Chile y, cada vez más a Brasil.

El Jefe de la División de Control Operativo de la Intendencia de la Aduana de Puno, Pietro Edsei Boggero, aseguró que este es un tema tripartito que se origina en la impunidad del comercio ilícito que en el sur del Perú abarca delitos como el tráfico de mercancías no autorizadas, ropa usada contaminada, drogas, minería ilegal de yacimientos no autorizados, manera extraída sin autorización y el estallido de violencia social.

“Hay poblaciones que no quieren que ingrese la policía porque el contrabando les brinda facilidades”, dijo y destacó la importancia de la participación de las cámaras gremiales del sector privado para encarar de manera adecuada la lucha contra el contrabando.